CHIL.ME

-¿Asedas representa al 65% de la distribución agroalimentaria de España. ¿Qué relación tiene con Almería y con sus empresas de producción agroalimentaria? ¿Manejáis algún dato del volumen de compras a empresas de Almería?

-Es difícil manejar datos concretos porque cada empresa tiene su relación con proveedores de productos alimentarios. Las empresas de Asedas, dada su alta componente regional, tienen una relación especial con Almería y sus empresas de producción agroalimentaria. El objetivo de nuestras empresas es incrementar las ventas de productos frescos como la mayor parte de los que se producen en Almería, por lo que es previsible que la relación siga creciendo en los próximos años. Desde Asedas hemos participado en numerosos foros del sector agroalimentario como el que organizó la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería hace pocos días, que fue muy interesante y constructivo.

-Con la nueva ley de mejora de cadena alimentaria, Fepex ha manifestado que genera inseguridad jurídica su aplicación. Desde su óptica, ¿qué opina sobre la afirmación de Fepex? ¿Y sobre esta nueva normativa, cuál es su reflexión?

-Las dudas que plantea Fepex son en relación a la aplicación del régimen sancionador en materia de plazos de pago. La principal novedad que aporta la ley de la cadena es que, por primera vez, los plazos de pago de todos los operadores de la misma, incluida la industria alimentaria, se encuentran sometidos a su régimen sancionador, que además establece como infracción grave el incumplimiento de los mismos. Por su parte, los plazos de pago de la distribución minorista se encuentran regulados y sometidos a régimen sancionador desde la publicación de la Ley 7/1996 de Comercio Minorista hace ya casi 20 años. Esta ley, que ya fijaba los plazos de pago de los productos perecederos, no ha sido derogada y sigue vigente, y las competencias sancionadoras son de las comunidades autónomas, por lo que para las empresas que yo represento no ha variado nada. Sin embargo, para nosotros la ley tiene otros problemas de aplicación y así se lo hemos hecho saber al Ministerio de Agricultura, entre los que destacan: la acreditación de la condición de pyme o situación de dependencia a efectos de la obligatoriedad de celebrar los contratos por escrito, las compras en alhóndigas o subastas y las compras de cooperativas de detallistas y cash and carry. Son aspectos que hemos identificado que requieren aclaración para lograr entre todos que la ley permita lograr los objetivos que todos compartimos, sin que ello suponga problemas de inseguridad para los operadores.

-En infinidad de ocasiones, las organizaciones agrarias (Coag, Asaja y UPA) han criticado cómo se dispara el precio de venta al consumidor en cifras de hasta un 1.000%, mientras que se pagan cifras ridículas en origen. ¿Qué tiene que decir sobre ello?

-En la formación del precio de los productos agroalimentarios en la cadena de valor dependen numerosos factores que no deben obviarse a la hora de abordar estos temas. Por suerte, la diversidad de modelos y formatos en la distribución alimentaria española permite que el grado de competencia sea muy alto, lo que provoca además que existan muchas cadenas de valor para cada producto. Aspectos como la evolución de los mercados mundiales en productos de los que somos deficitarios, las condiciones climatológicas que marcan los volúmenes cosechados de cada producto en nuestro territorio, el canal de comercialización, la eficiencia de los operadores o la propia capacidad de organización y concentración del eslabón productor son claves. En todo caso, disponemos en nuestro país de la mejor información sobre formación de precios de productos frescos que existe y, gracias a ella, podemos asegurarnos que el mercado funciona correctamente, aunque esto no sea suficiente para solucionar los problemas de los productores.

-Precisamente, uno de los desafíos del sector hortofrutícola almeriense pasa por concentrar la oferta con la firme idea de que así cogerán el 'toro por los cuernos' y ganarán poder a la hora de vender sus productos.

-Estamos convencidos de que la regulación debe marcar los límites mínimos y corregir conductas graves, pero su capacidad de influir sobre una realidad tan diversa es limitada. La visión de cadena debe empezar por asegurar el futuro del eslabón más débil cuya sostenibilidad está más comprometida. Luchar contra las malas prácticas no es suficiente para asegurar un futuro sostenible. La pérdida de instrumentos de regulación de mercados sin los cambios estructurales necesarios en el eslabón productor, han colocado a parte de la cadena en situación de debilidad. Alterar el mercado no es la solución. Mejorar su funcionamiento ayudará. La ley de integración cooperativa es un primer paso importante que deberá concretarse en el futuro. Esperamos que los políticos de las diferentes comunidades autónomas tengan visión de futuro y apliquen sus principios de forma eficiente.

-Sinergias: ¿no cree que sería más interesante buscar puntos de encuentro que de desacuerdo entre productores y distribuidores y que ello favorecería a toda la cadena?

-Por supuesto. La cadena agroalimentaria es el segundo sector de nuestra economía, tras el turismo. Asegurar su sostenibilidad es un requisito esencial para garantizar el futuro bienestar de la sociedad, y eso es mucho más ambicioso y necesario que el simple control de las prácticas comerciales abusivas. Desgraciadamente, nuestra falta de visión de cadena no permite que la sociedad perciba la importancia que esta tiene. La crisis ha puesto de manifiesto cambios muy profundos en el consumidor. Sólo una cadena que coopere tendrá la capacidad y la flexibilidad para adaptarse a esos cambios y, así, asegurar su futuro. Se ha avanzado muchísimo en este aspecto en los últimos años, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Es responsabilidad de todos construir una cadena agroalimentaria de valor compartido para el futuro.